Cuadrar el círculo de la economía colaborativa

El fenómeno nació en Estados Unidos y se extendió a otras orillas. La esencia no es nueva: son particulares que intercambian bienes y servicios, a cambio de pagar en común los gastos. Como hacían nuestros antepasados. La diferencia es que internet ha permitido poner en contacto a los proveedores de servicios con los usuarios de forma masiva. Ahora, cualquiera puede ofrecer en internet su casa, su automóvil, su huerto, sus habilidades.
La Gran Recesión que empezó en 2008 alentó el ingenio de los consumidores. Comenzaron a mirar con lupa su bolsillo. Viajar a la playa en el coche de un desconocido, cuyo perfil está disponible en la red, puede ser preferible a pagar el billete de tren. Muchos se atrevieron y repitieron. El fenómeno creció. Nacieron más plataformas.
Al abrirse paso, estas nuevas empresas alteraron el orden establecido en sectores clásicos como el de los transportes o el de los alojamientos. Los agentes tradicionales -los taxistas, los hoteleros- denuncian ahora competencia desleal. En su opinión, están en desventaja al cumplir con los requisitos regulados en las leyes. Eso les hace, al final, menos competitivos.
El caso más representativo de esta polémica es Uber, la plataforma nacida en Silicon Valley que pone en contacto a conductores sin licencia con pasajeros. Esta empresa, valorada ya en más de 32.300 millones de euros, ha levantado en armas a los taxis y ha sido prohibida en ocho países.
En España, el servicio que presta Uber está prohibido de forma cautelar por un juzgado mercantil. Según el juez, esta empresa compite de forma desleal con el taxi pues sus conductores no disponen de la licencia administrativa que la ley española exige para el transporte de viajeros.
Luis Cazorla, profesor de Derecho Mercantil y socio de Cazorla Abogados, considera que «no está tan claro» si el transportista es Uber o son los particulares. Uber, como intermediario, cobra una comisión del 20% de la carrera de los conductores, que suelen ser más económicas que en un taxi.
Cazorla entiende que el conflicto no debería resolverse con la normativa de competencia desleal, sino que habría que cambiar la regulación, «eliminando trabas y requisitos administrativos». Propone «un esfuerzo liberalizador» para dar cabida a las nuevas modalidades. Abrir el mercado.
Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de economía de Instituto de Empresa, es partidario de que estas actividades sean reguladas claramente. «La competencia no puede ser desleal: un particular no puede hacer un negocio que un taxista hace de forma regulada. Este tiene más costes». Insiste, sobre todo, en que hay que exigir los requisitos necesarios que garanticen la seguridad del servicio. «Doy por hecho que el taxista tiene carné y que el coche ha pasado la itv». Eso tiene que estar asegurado, opina.
El problema de origen, afirma Martínez Lázaro, es que estas empresas alternativas han irrumpido en mercados que eran monopolios. Se han saltado las barreras que los protegían. «Yo no tengo la opción de elegir entre varios tipos de taxis si quiero ir al aeropuerto de Barcelona». Eso es lo que hay que cambiar, opina. Los modelos tradicionales deben adaptarse a la nueva realidad. «Se trata de convivir. Con reglas claras, aunque sean diferentes».
Albert Cañigueral, uno de los portavoces del movimiento colaborativo en España y conector de la plataforma OuiShare desde Barcelona, considera que lo más interesante del caso de Uber es que cuestiona la regulación actual. ¿El modelo de taxis vacíos que circulan en busca de pasajeros es la mejor manera de ofrecer el servicio?
Pide repensar, por ejemplo, si un conductor que ofrece el servicio de transporte de forma puntual -«habría que definir qué representa puntual»- requiere la misma licencia y los mismos seguros que un conductor dedicado a ello de manera constante. Cita el ejemplo del estado de California, que ha creado unas licencias especiales para los casos intermedios.
Uber, por su parte, siempre ha respondido que su servicio permite que los ciudadanos «compartan costes» en viajes cercanos, una modalidad que está exenta de licencia. Hace unos días la plataforma se quejó a la UE ante una posible prohibición en Francia por poner «barreras técnicas al comercio». Por ahora, Bruselas ha dejado el análisis legal en el tejado de los estados, aunque ha celebrado la «innovación» que promueven estas empresas.
Aún así, el ejemplo de Uber, en las arenas movedizas entre las leyes, es el caso «que más problemas legales puede plantear», afirma Cazorla. Otras empresas no han generado tanta polémica. Blablacar, que pone en contacto a usuarios con conductores que van a viajar para compartir gastos, no ha sido sancionada. Las compañías de autobuses se han quejado, pero los estados aceptan que no es una actividad profesional: no hace falta licencia.
«El mercado perfecto»
El otro gigante de este fenómeno que ha causado turbulencias es Airbnb, la plataforma para alquilar tu casa o una habitación que ofrece 500.000 espacios en todo el mundo. Ha sido sancionada en Cataluña -donde solo se pueden alquilar casas completas-, pero ciudades de todo el mundo tratan de fomentar su uso.
Una forma de encajar en el sistema es pactar con las administraciones. En Amsterdam, por ejemplo, Airbnb ha acordado con el Ayuntamiento cobrar el impuesto turístico a los clientes, en lugar de dejarlo en manos de los particulares que alquilan la habitación. Esto asegura que ese cobro se produce, en beneficio de las arcas de la ciudad, y calma a los hoteles, que se quejaban de que era una ventaja injusta. Esta fórmula se da también en muchas ciudades de Estados Unidos. Matices.
El guardián de la competencia en España -la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia- ha dado la bienvenida a estos nuevos modelos, aunque no se ha posicionado aún sobre el encaje normativo. La CNMC celebra que estos intercambios mejoran «la eficiencia y la competitividad» del mercado, al dar un mayor uso a los bienes existentes y utilizar «recursos que iban a permanecer ociosos», como una casa vacía en verano. Destaca que aportan más información a los consumidores e incrementan «la cantidad y variedad de la oferta». Cañigueral cree que el efecto sobre los precios de esta «avalancha» de oferta conduce casi a «la definición de mercado perfecto».
La regulación también debe valorar el grado de responsabilidad del intermediario, un vacío legal ahora. Si se produce un accidente en un viaje compartido, ¿se puede pedir cuentas a la plataforma? «Es la gran cuestión», considera Cazorla. Cañigueral considera que ahí es donde hay que regular. «Parte de la competencia será ofrecer mejores condiciones» en ese sentido, considera el conector de OuiShare.
Todos los expertos consultados coinciden en que, con reglas y en convivencia con los modelos tradicionales, la economía colaborativa es imparable, como internet.
Nunca algo tan primitivo pareció tan novedoso.

Luis P. Arechederra
ABC