La paciencia del público sobre las políticas de austeridad exigidas por el gobierno alemán y los líderes de la Unión Europea, se está agotando. Han fracasado notablemente en su objetivo declarado de reducir la carga de la deuda y prepara el camino para la recuperación económica. En cambio, es evidente que estas medidas acelerarán la depresión, los niveles de desempleo y los programas sociales cuando más se necesitan.

La atención se centra ahora en España, donde el primer ministro Mariano Rajoy está luchando para hacer más recortes presupuestarios sin provocar nuevas explosiones de cólera en el país y alimentando la pretensión secesionista en regiones conflictivas como Cataluña, centro económico del país.

Pero la mezcla de nuevos recortes en los servicios públicos, congelaciones salariales y aumentos de impuestos, que el señor Rajoy anunció la semana pasada, empeorará casi seguro la situación política y económica del país.

Los expertos pronostican en 2013 un segundo año consecutivo de crecimiento negativo en España, mientras que el desempleo, subirá a más del 25 por ciento, más del doble de la media de la Unión Europea.

Sin embargo, a menos que España siga adelante con las medidas auto-derrotistas o que la economía española produzca milagrosamente nuevos ingresos fiscales para cumplir con las metas presupuestarias poco realistas, Alemania amenaza con retrasar un nuevo sindicato bancario europeo que ayude a recapitalizar a los bancos españoles que están naufragando.

A diferencia de Grecia y Portugal, España, hasta el momento, ha evitado un rescate formal de la Unión Europea. Eso le da un poco más de libertad para establecer su propio curso económico. Pero el señor Rajoy en realidad no es libre para actuar. Sin permiso alemán para la Unión Bancaria europea, España podría verse obligado a un acuerdo sobre un rescate de deuda vinculante.

Los actuales problemas de deuda en España no son el resultado del derroche del gobierno durante los años de auge. Vienen de la caída abrupta de una imprudente burbuja inmobiliaria en el sector privado, impulsado por un crédito artificialmente barato.

El estallido de la burbuja acabó con millones de puestos de trabajo españoles, arrastrando hacia abajo los ingresos fiscales y el gasto de los consumidores. También obligó al gobierno a prometer miles de millones de euros que no tenía y que ya no podía captar para rescatar su tambaleante sistema bancario.

Los nuevos recortes a los trabajos que quedan y la caída en su poder adquisitivo, no traerá la recuperación. Eso sólo traerá más miseria y confusión.

El Sr. Rajoy también quiere frenar el gasto de los 17 gobiernos regionales de España, que pagan una gran parte de los costes de atención de salud y educación. Los gobiernos regionales han despilfarrado miles de millones en inútiles proyectos de obras públicas durante los años de auge. Pero ese dinero ya se ha perdido, y la salud y la educación no deben estar sujetas a grandes recortes, incluso en tiempos difíciles.

Tampoco es una profunda recesión el momento adecuado para abordar el problema a largo plazo de los costes de las pensiones y la demografía de una población que envejece. Cuando las prestaciones de desempleo terminen para muchos de los desempleados de larga duración, los pagos de pensiones serán la principal fuente restante de ingresos para cientos de miles de familias. No hay lugares fáciles para que el señor Rajoy recorte servicios o gastos sin correr el riesgo de un desastre social.

La historia es muy similar en Grecia y Portugal. El tiempo se está acabando. Sólo un cambio radical en las políticas económicas puede salvar el euro. Los líderes europeos - sobre todo la canciller Angela Merkel de Alemania - tiene la necesidad de reconocer que para que la zona euro vuelva a ser solvente se necesitarán esfuerzos renovados para fomentar el crecimiento económico a través de metas presupuestarias menos rígidas, no siguiendo la austeridad impuesta por Berlín y Bruselas a gobiernos desesperados.